Destacando la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos de los migrantes independientemente de su estatus migratorio, incluso al aplicar sus políticas específicas en materia de migración y seguridad fronteriza, y expresando su preocupación por las medidas que, particularmente en el contexto de las políticas encaminadas a reducir la migración irregular, tratan a esta como delito y no como falta administrativa, con la consiguiente denegación del pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, y recordando, a este respecto, que las sanciones que se impongan a los migrantes irregulares y el trato que se les dispense deben guardar proporción con las faltas que hayan cometido,