Invitando a los Estados Miembros a que, cuando formulen programas de prevención del delito, consideren aspectos como la inclusión social, el refuerzo de la estructura social, el acceso a la justicia, la violencia relacionada con las drogas, la reinserción social de los delincuentes y el acceso a los servicios de salud y educación, así como las necesidades de las víctimas de los delitos, y promuevan una cultura de legalidad y respeto por el bienestar de las personas, las familias y las comunidades, con especial atención a los niños y los jóvenes,