Reconociendo que, gracias a sus numerosos signatarios y a su gran ámbito de aplicación, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 9 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción constituyen un fundamento importante para la cooperación internacional, entre otras cosas, en materia de extradición, asistencia judicial recíproca y decomiso y recuperación de activos, y proporcionan un mecanismo eficaz que se debería aprovechar y aplicar más,