A/HRC/RES/42/25
Teniendo presente que la Fiscal de la Corte Penal Internacional ha decidido iniciar
un examen preliminar de la situación en la República Bolivariana de Venezuela para
analizar los crímenes presuntamente cometidos en el Estado desde, por lo menos, abril de
2017 en el contexto de las manifestaciones y los disturbios políticos conexos, y recordando
que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado parte en el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional,
Consciente de la recomendación dirigida por la Alta Comisionada al Consejo de
Derechos Humanos, en el informe sobre la situación de los derechos humanos en la
República Bolivariana de Venezuela, de que debía centrarse en garantizar la prevención, la
investigación, la lucha contra la impunidad, la rendición de cuentas, las reparaciones y las
garantías de no repetición de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos en la
República Bolivariana de Venezuela,
Afirmando su firme convicción de que solo puede haber una solución pacífica y
democrática a la actual crisis de la República Bolivariana de Venezuela, que incumbe a los
venezolanos, sin ningún tipo de injerencia extranjera en el plano militar, de seguridad o de
inteligencia, y de que esa solución pasa por la celebración de elecciones presidenciales
libres, limpias, transparentes y creíbles de conformidad con las normas internacionales, y
expresando apoyo a las gestiones diplomáticas pertinentes al respecto,
1.
Acoge con beneplácito el informe de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la
República Bolivariana de Venezuela1, y solicita a la Alta Comisionada que lo presente a la
Asamblea General en su septuagésimo cuarto período de sesiones;
2.
Condena enérgicamente todas las violaciones y transgresiones del derecho
internacional de los derechos humanos cometidas en la República Bolivariana de Venezuela
e insta a las autoridades venezolanas a que sigan enteramente y de inmediato las
recomendaciones que figuran en el informe de la Alta Comisionada y cumplan los
compromisos contraídos durante la visita de esta;
3.
Condena enérgicamente también los actos generalizados de represión y
persecución selectivas por motivos políticos en la República Bolivariana de Venezuela, que
incluyen casos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y durante
operaciones de las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos,
ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte de órganos de seguridad
como las Fuerzas de Acciones Especiales y de grupos armados civiles favorables al
Gobierno;
4.
Expresa gran preocupación por el hecho de que al menos 6.000 personas han
resultado muertas desde enero de 2018 en la República Bolivariana de Venezuela en el
marco de operaciones de las fuerzas de seguridad y de que, según la información analizada
por la Alta Comisionada, muchas de esas muertes pueden constituir ejecuciones
extrajudiciales;
5.
Deplora los abusos sistemáticos cometidos contra las instituciones del Estado
de la República Bolivariana de Venezuela, que aceleran la erosión del estado de derecho y
de instituciones democráticas como la Asamblea Nacional, entre otras formas violando su
independencia, privando a miembros de la Asamblea de su inmunidad parlamentaria y
deteniéndolos arbitrariamente, así como sometiendo a sus familiares a detenciones
arbitrarias, torturas, malos tratos, amenazas de muerte y actos de vigilancia,
amedrentamiento y acoso;
6.
Insta a las autoridades venezolanas a que pongan en libertad de inmediato a
todos los presos políticos y a todas las demás personas privadas arbitrariamente de libertad,
y con urgencia a las 27 personas detenidas y señaladas como casos prioritarios por la Alta
Comisionada en el informe oral que presentó al Consejo de Derechos Humanos en su actual
período de sesiones; realicen investigaciones prontas, eficaces, completas, independientes,
imparciales y transparentes de todas las violaciones de los derechos humanos; detengan,
condenen públicamente, sancionen y prevengan todos los actos de persecución y represión
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GE.19-17277
A/HRC/41/18.
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