A/HRC/RES/54/23 por parte de las autoridades rusas, de las organizaciones y los representantes de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos —en particular las defensoras de los derechos humanos, que se enfrentan a formas de violencia y amenazas sexuales y de género específicas—, los medios de comunicación independientes, los periodistas, los trabajadores de los medios de comunicación, los Pueblos Indígenas, las personas en situación de vulnerabilidad, las personas pertenecientes a minorías, los abogados, los representantes de la oposición política y otras personas que ejercen sus derechos humanos, Expresando su profunda preocupación por las denuncias de detención y reclusión arbitrarias y hostigamiento en masa de las personas a que se hace referencia en el párrafo anterior, incluidas las personas que protestan pacíficamente y condenan el deterioro del estado de derecho en la Federación de Rusia y la guerra de agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania, y por el uso excesivo de la fuerza contra estas personas, así como por la ausencia de un poder judicial independiente, la denegación —entre otras personas, a las que se encuentran privadas de libertad— del derecho a un juicio imparcial y a asistencia letrada de su propia elección y la persistente impunidad de las autoridades y su negativa a investigar presuntos casos de desaparición forzada, tortura y otros malos tratos y violencia sexual y de género contra personas privadas de libertad, así como la situación de las personas, en especial los niños, que han sido expulsadas a la Federación de Rusia, Expresando su preocupación por el cese de actividad impuesto por la fuerza y de forma masiva a organizaciones de la sociedad civil, como Memorial, el Grupo Helsinki de Moscú, el Sakharov Centre, el Centro de Información y Análisis SOVA, el Centro de Ayuda a los Pueblos Indígenas Minoritarios del Norte y la organización de derechos humanos Man and Law, el bloqueo y el cierre forzado de casi todos los medios de comunicación independientes, incluidos emisoras de radio, canales de televisión, medios de comunicación en línea y periódicos —entre ellos Novaya Gazeta, Eco de Moscú y el canal de televisión Dozhd—, las prohibiciones impuestas a los medios de comunicación extranjeros y la expulsión selectiva de organizaciones extranjeras del registro por parte de las autoridades rusas, así como por el acceso limitado de la sociedad civil rusa a la infraestructura de la información y las comunicaciones y a información independiente, la intensificación de la censura y la desinformación y la cibervigilancia impuesta para controlar la información e intimidar y silenciar a las voces críticas, Haciendo notar con profunda preocupación las medidas legislativas encaminadas a restringir cada vez más las libertades de reunión pacífica, de asociación y de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, tanto en línea como en espacios físicos, especialmente las leyes sobre los denominados “agentes extranjeros”, el “extremismo” y las “organizaciones indeseables”, en su versión modificada, la Ley de 4 de marzo de 2022 por la que se modifican el Código de Infracciones Administrativas y el Código Penal, conocida como “ley de noticias falsas sobre el ejército ruso”, y las prohibiciones generales de difusión de información basadas en unos conceptos imprecisos y ambiguos, así como el uso indebido del sistema judicial con fines políticos, que, en conjunto, tienen por efecto acallar las opiniones pacíficas, independientes y pluralistas mediante la imposición de cuantiosas multas, reclusión arbitraria y largas penas de privación de libertad, Preocupado por el hecho de que las autoridades estén empleando medidas legislativas contra la sociedad civil rusa para penalizar y criminalizar la cooperación con las organizaciones internacionales, entre otras cosas a modo de represalia por haber colaborado con mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, y de que, al parecer, la aplicación de dicha legislación esté dando lugar a casos de autocensura y disuadiendo a los actores de la sociedad civil de colaborar públicamente con las Naciones Unidas y otras organizaciones, Convencido de que la independencia e imparcialidad de la judicatura, la integridad del sistema judicial y la independencia de los profesionales del derecho son un requisito previo indispensable para proteger los derechos humanos, el estado de derecho, la buena gobernanza y la democracia, y para garantizar la no discriminación en la administración de justicia, y de que, por tanto, deben respetarse en cualquier circunstancia, 2 GE.23-19826