A/RES/59/54
Naciones Unidas
Asamblea General
Distr. general
8 de febrero de 2005
Quincuagésimo noveno período de sesiones
Tema 161 del programa
Resolución aprobada por la Asamblea General el 2 de diciembre de 2004
[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/59/L.20/Rev.1)]
59/54. Zona de paz andina
La Asamblea General,
Consciente de la determinación de los Estados miembros de la Comunidad
Andina de preservar su independencia, soberanía e integridad territorial, de
promover la convivencia pacífica en la región andina y de desarrollar sus
relaciones en condiciones de paz, autodeterminación y libertad,
Teniendo presente el compromiso de los Estados miembros de la Comunidad
Andina de promover la integración y la cooperación política, económica, social y
cultural, para contribuir a la paz, la seguridad y el desarrollo equilibrado y armónico,
sostenible en el largo plazo, de la región andina,
Señalando su resolución 58/317, de 5 de agosto de 2004, en la que reafirmó el
papel central de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales y en la promoción de la cooperación internacional,
Reconociendo la Declaración de San Francisco de Quito sobre el
Establecimiento y Desarrollo de la Zona de Paz Andina 1, adoptada por los Jefes de
Estado de los países miembros de la Comunidad Andina en Quito el 12 de julio de
2004, en el marco del XV Consejo Presidencial Andino, con el propósito de
establecer una zona de paz, dentro del espacio geográfico comprendido por los
territorios, el espacio aéreo y las aguas bajo soberanía y jurisdicción de Bolivia,
Colombia, el Ecuador, el Perú y la República Bolivariana de Venezuela, como un
área libre de armas nucleares, químicas y biológicas, y con el objetivo de erradicar
definitivamente las minas antipersonal en la Comunidad Andina, mediante la cual se
desarrollarán las condiciones que permitan que los conflictos, cualquiera sea su
naturaleza, así como sus causas, se resuelvan de manera pacífica y concertada,
Observando con agrado que la Zona de paz andina se fundamenta en el
ejercicio responsable de la ciudadanía y la plena vigencia de los valores, principios
y prácticas democráticas, el Estado de derecho, los derechos humanos, la justicia
social, el desarrollo humano, la erradicación de la pobreza, la exclusión social y la
inequidad, la soberanía nacional y la no injerencia en asuntos internos, así como en
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1
04-47953
A/59/235, anexo II.