A/RES/56/173 m) La aceptación por el Presidente de la República Democrática del Congo del proyecto del Relator Especial de efectuar, en el marco de su mandato y durante los próximos meses, una primera misión conjunta de investigación de las matanzas cometidas en la provincia de Kivu meridional y de las otras atrocidades señaladas por el Relator Especial en su último informe y sus informes anteriores, con el fin de someter a los culpables a la acción de la justicia, y de presentar un informe al respecto a la Asamblea General y a la Comisión de Derechos Humanos, así como el asentimiento que han dado los grupos rebeldes a esa misión de investigación; 2. Expresa su preocupación por: a) La reanudación de los combates en la parte oriental del país y los efectos negativos del conflicto en la situación de los derechos humanos y sus graves consecuencias para la seguridad y el bienestar de la población civil en todo el territorio de la República Democrática del Congo, incluido el aumento del número de refugiados y desplazados internos, en particular en la parte oriental del país; b) El fallido intento de poner en marcha el diálogo intercongoleño en el curso de la reunión que se celebró con tal propósito en Addis Abeba el 15 de octubre de 2001, celebrando a la vez la reanudación prevista del proceso en Sudáfrica; c) La situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo, particularmente, en las zonas controladas por los rebeldes armados y bajo ocupación extranjera, y la continuación de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidas las atrocidades de que es objeto la población civil, cometidas frecuentemente con impunidad y, al respecto, señala que las fuerzas de ocupación deben ser consideradas responsables de las violaciones de los derechos humanos en el territorio bajo su control. En particular, condena: i) Todas las matanzas y atrocidades que se siguen cometiendo en todo el territorio de la República Democrática del Congo, en particular en las zonas controladas por los rebeldes armados y bajo ocupación extranjera, a saber, Bugobe, Nyatende, Kamisimbi, Lurhala, Nyangesi, Biambwe, Nbingi, Bunyatenge, Kaghumo, Banyuke, y Kirima, Kalémié, Pweto, Rutshuru, Kibumba, Kimia Kimia, Dungo Mulunga y Kasese Bolanga; ii) Los casos de ejecuciones sumarias y arbitrarias, desapariciones, tortura, arrestos y detenciones arbitrarios sin juicio de que han sido víctimas, entre otros, periodistas, políticos de oposición y defensores de los derechos humanos y personas que han cooperado con los mecanismos de las Naciones Unidas; iii) La utilización generalizada de las violaciones y los actos de violencia sexual contra mujeres y niños, incluso como medio de guerra; iv) El hecho de que las fuerzas y los grupos armados sigan reclutando y utilizando a niños soldados recurriendo, incluso, al reclutamiento y al secuestro de niños en todo el territorio de la República Democrática del Congo, sobre todo en Kivu Septentrional y Kivu Meridional, así como en la provincia oriental; v) La imposición de la pena de muerte a civiles procesados por el Tribunal Militar, en contravención de las obligaciones contraídas por la República Democrática del Congo en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 2, así como las detenciones prolongadas y arbitrarias ordenadas por el Tribunal; vi) Las condenas a muerte y las ejecuciones sumarias a que procede la Coalición Congoleña para la Democracia-Goma; 4