Protección de los migrantes A/RES/80/218 migrantes durante esta práctica, que transfiere el control de la migración, la tramitación del asilo y la readmisión a terceros países, cumpliendo con las obligaciones internacionales, Reafirmando su compromiso de preservar la vida de todos los migrantes y tomar medidas para evitar su pérdida y, en este contexto, siguiendo profundamente preocupada por el hecho de que miles de migrantes, en particular mujeres y niños, continúen muriendo o desapareciendo cada año a lo largo de peligrosas rutas por tierra y por mar, Destacando la importancia de que, a todos los niveles de gobierno, todas las leyes y reglamentos relativos a la migración irregular estén en consonancia con las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos, Expresando preocupación y condena por la creciente tendencia que se observa en las sociedades de actos, manifestaciones y expresiones de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas de intolerancia y hostilidad hacia los migrantes y las diásporas, y por los estereotipos negativos que se les suelen aplicar, en particular sobre la base de la religión o las creencias, que afectan negativamente a la realización de los derechos humanos en todo el mundo, Destacando la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos de los migrantes independientemente de su situación migratoria, incluso al aplicar sus políticas específicas en materia de migración y seguridad fronteriza, y expresando su preocupación por las medidas que, particularmente en el contexto de las políticas encaminadas a reducir la migración irregular, tratan a esta como delito y no como falta administrativa, con la consiguiente denegación del pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, y recordando, a este respecto, que las sanciones que se impongan a los migrantes irregulares y el trato que se les dispense deben guardar proporción con las faltas que hayan cometido, Consciente de que, a medida que los delincuentes aprovechan las corrientes migratorias y tratan de eludir las políticas de inmigración restrictivas y los controles de fronteras, los migrantes quedan más expuestos, entre otras cosas, al secuestro, la extorsión, el trabajo forzoso, la explotación sexual, las agresiones físicas, la servidumbre por deudas y el abandono, Consciente también de que las políticas de gobernanza fronteriza que no respetan los derechos humanos y que son contrarias a las obligaciones asumidas por los Estados en virtud del derecho internacional, y que no combaten la impunidad generalizada de quienes violan los derechos humanos de los migrantes, son factores que limitan las vías para la migración segura, ordenada y regular y pueden derivar en la muerte o desaparición de migrantes, en particular de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, Preocupada por que los niños migrantes, incluidos los no acompañados o separados de sus progenitores o cuidadores principales, son especialmente vulnerables a lo largo de su travesía migratoria, y reafirmando el compromiso de proteger los derechos del niño y defender el principio del interés superior del niño, Reconociendo las obligaciones que tienen los países de origen, tránsito y destino en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, así como la necesidad de que adopten políticas de migración con un enfoque amplio e integral y faciliten la migración segura, ordenada, regular y responsable y la movilidad de las personas, de conformidad con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y, cuando proceda, en consonancia con los 25-20973 5/14

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