A/HRC/35/30
que obliguen al agresor, por ejemplo, a pagar el alquiler de la vivienda familiar o la pensión
por alimentos, o a entregar las armas que estén en su posesión.
62.
En la mayoría de los casos, las órdenes de protección son dictadas por un tribunal,
un fiscal o la policía, para proteger a una persona de actos de acoso o violencia, o del temor
a la violencia, por una persona determinada. Pueden ser dictadas de manera independiente
por un tribunal civil o en el marco de otro procedimiento judicial civil o penal a fin de
proteger la seguridad de la víctima mientras avanzan las actuaciones. Los Estados deberían
velar por que se haga uso de los recursos penales y civiles en los casos en que el autor de un
delito de violencia doméstica represente una peligrosa amenaza para la víctima29.
2.
Intersección entre los centros de acogida y las órdenes de protección
63.
Existe una intersección significativa entre los centros de acogida y las órdenes de
protección, pese a que son proporcionados por diferentes actores o partes del sistema
estatal. La experiencia demuestra que los centros de acogida siguen siendo necesarios
aunque exista una protección legislativa eficaz contra la violencia. No todas las víctimas de
la violencia desean recurrir a la policía y el sistema judicial y presentar una denuncia o
solicitar una orden de protección; algunas prefieren ir a un refugio. Hay casos en que las
mujeres en situación de alto riesgo precisan de un alojamiento seguro durante el proceso de
separación, porque la ley y las órdenes de protección no pueden proporcionar una
protección completa contra la violencia. Algunas mujeres no pueden o no desean
permanecer en la vivienda debido al trauma que han sufrido o porque los familiares de su
pareja viven al lado, o porque ha finalizado el contrato de arrendamiento o este no está a su
nombre (véase A/HRC/32/42/Add.2, párr. 69).
64.
Los centros de acogida y las órdenes de protección son medidas de protección
necesarias y complementarias que pueden utilizarse acumulativamente. Sin embargo, esta
complementariedad no se aplica habitualmente en la práctica, ya que la división burocrática
entre los servicios sociales y el sistema judicial a menudo da lugar a deficiencias de
protección ocasionadas por una coordinación insuficiente.
65.
En muchos casos, la debilidad y la falta de coordinación de las intervenciones del
Estado para abordar pautas de violencia persistentes y prolongadas en el tiempo dan lugar a
una laguna de protección y terminan en tragedia: el asesinato de una mujer 30 y/o de sus
hijos31. Esos feminicidios, o asesinatos por razones de género, pueden evitarse si ese tipo de
violencia se trata como un delito grave y los Estados cumplen su obligación de derechos
humanos de combatir y prevenir dichos actos. Para ello deben proporcionar todo el espectro
de servicios de protección a las víctimas o posibles víctimas, como centros de acogida,
viviendas a largo plazo y órdenes de protección. Estas medidas deben estar disponibles de
forma inmediata y resultar fácilmente accesibles para las mujeres y niñas.
3.
Deficiencias, retos y buenas prácticas
66.
El mandato de la Relatora Especial ha adquirido una experiencia extraordinaria
recopilando información sobre los centros de acogida y las órdenes de protección durante
las visitas a los países, gracias a sus visitas a centros de acogida y a la recopilación de
información de primera mano de supervivientes de la violencia contra la mujer,
proveedores de servicios y las autoridades interesadas. La labor del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y de otros titulares de mandatos
pertinentes también ha permitido determinar las deficiencias y los retos vinculados a la
provisión de centros de acogida y órdenes de protección.
67.
En conjunto, el mandato se ha encontrado con una falta generalizada de
comprensión de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, incluida
29
30
31
GE.17-09656
Véase Yildirim (fallecida) c. Austria, párr. 12.3 b).
Véase Opuz v. Turkey.
Véanse González Carreño c. España y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso
núm. 12.626, Lenahan (Gonzales) y otros vs. los Estados Unidos de América, decisión adoptada
el 21 de julio de 2011.
13
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