A/HRC/35/30 que obliguen al agresor, por ejemplo, a pagar el alquiler de la vivienda familiar o la pensión por alimentos, o a entregar las armas que estén en su posesión. 62. En la mayoría de los casos, las órdenes de protección son dictadas por un tribunal, un fiscal o la policía, para proteger a una persona de actos de acoso o violencia, o del temor a la violencia, por una persona determinada. Pueden ser dictadas de manera independiente por un tribunal civil o en el marco de otro procedimiento judicial civil o penal a fin de proteger la seguridad de la víctima mientras avanzan las actuaciones. Los Estados deberían velar por que se haga uso de los recursos penales y civiles en los casos en que el autor de un delito de violencia doméstica represente una peligrosa amenaza para la víctima29. 2. Intersección entre los centros de acogida y las órdenes de protección 63. Existe una intersección significativa entre los centros de acogida y las órdenes de protección, pese a que son proporcionados por diferentes actores o partes del sistema estatal. La experiencia demuestra que los centros de acogida siguen siendo necesarios aunque exista una protección legislativa eficaz contra la violencia. No todas las víctimas de la violencia desean recurrir a la policía y el sistema judicial y presentar una denuncia o solicitar una orden de protección; algunas prefieren ir a un refugio. Hay casos en que las mujeres en situación de alto riesgo precisan de un alojamiento seguro durante el proceso de separación, porque la ley y las órdenes de protección no pueden proporcionar una protección completa contra la violencia. Algunas mujeres no pueden o no desean permanecer en la vivienda debido al trauma que han sufrido o porque los familiares de su pareja viven al lado, o porque ha finalizado el contrato de arrendamiento o este no está a su nombre (véase A/HRC/32/42/Add.2, párr. 69). 64. Los centros de acogida y las órdenes de protección son medidas de protección necesarias y complementarias que pueden utilizarse acumulativamente. Sin embargo, esta complementariedad no se aplica habitualmente en la práctica, ya que la división burocrática entre los servicios sociales y el sistema judicial a menudo da lugar a deficiencias de protección ocasionadas por una coordinación insuficiente. 65. En muchos casos, la debilidad y la falta de coordinación de las intervenciones del Estado para abordar pautas de violencia persistentes y prolongadas en el tiempo dan lugar a una laguna de protección y terminan en tragedia: el asesinato de una mujer 30 y/o de sus hijos31. Esos feminicidios, o asesinatos por razones de género, pueden evitarse si ese tipo de violencia se trata como un delito grave y los Estados cumplen su obligación de derechos humanos de combatir y prevenir dichos actos. Para ello deben proporcionar todo el espectro de servicios de protección a las víctimas o posibles víctimas, como centros de acogida, viviendas a largo plazo y órdenes de protección. Estas medidas deben estar disponibles de forma inmediata y resultar fácilmente accesibles para las mujeres y niñas. 3. Deficiencias, retos y buenas prácticas 66. El mandato de la Relatora Especial ha adquirido una experiencia extraordinaria recopilando información sobre los centros de acogida y las órdenes de protección durante las visitas a los países, gracias a sus visitas a centros de acogida y a la recopilación de información de primera mano de supervivientes de la violencia contra la mujer, proveedores de servicios y las autoridades interesadas. La labor del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y de otros titulares de mandatos pertinentes también ha permitido determinar las deficiencias y los retos vinculados a la provisión de centros de acogida y órdenes de protección. 67. En conjunto, el mandato se ha encontrado con una falta generalizada de comprensión de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, incluida 29 30 31 GE.17-09656 Véase Yildirim (fallecida) c. Austria, párr. 12.3 b). Véase Opuz v. Turkey. Véanse González Carreño c. España y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso núm. 12.626, Lenahan (Gonzales) y otros vs. los Estados Unidos de América, decisión adoptada el 21 de julio de 2011. 13

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