A/HRC/35/30
violencia y enjuiciar a los maltratadores. Los Estados necesitan establecer un marco
jurídico coherente de leyes armonizadas en relación con servicios de protección como
los centros de acogida y las medidas de protección, incluidas las órdenes de
protección, así como mecanismos eficaces de cooperación y coordinación entre los
diferentes mandatos del sistema del Estado que se ocupan de la violencia contra la
mujer. Entre ellos se incluyen la policía, los fiscales, la judicatura y los servicios
sociales, los profesionales de la atención de la salud, las ONG y otras organizaciones
pertinentes que prestan servicios de primera línea y brindan cooperación
interinstitucional para tramitar adecuadamente los casos.
Recursos humanos y financieros
102. Los Estados deberían asignar suficientes recursos humanos y financieros para
aplicar de manera adecuada políticas, medidas y programas integrados a fin de
prevenir y combatir la violencia de género contra la mujer, en particular recursos
humanos y financieros apropiados para el establecimiento y la gestión de los centros
de acogida, incluidos los gestionados por ONG.
Evaluación y gestión de riesgos
103. Los Estados deberían velar por que los agentes de policía y otros profesionales
lleven a cabo una evaluación del riesgo para la vida de la víctima, la gravedad de la
situación y el riesgo de que se repita la violencia a fin de gestionar el riesgo y brindar
protección y apoyo a las víctimas. Los Estados deberían adoptar las medidas
necesarias para asegurar que esas evaluaciones se tengan debidamente en cuenta en
todas las etapas de la investigación y la aplicación de medidas de protección, y que
tomen debidamente en consideración el hecho de que los maltratadores posean armas
de fuego o tengan acceso a ellas. Las autoridades competentes también deben ser
conscientes del aumento del riesgo de represalias a que se enfrentan las mujeres
cuando solicitan asistencia oficial a las autoridades, los tribunales o la policía.
Enfoques integrados respecto de la seguridad del niño
104. Los niños testigos de violencia de género contra la mujer tienen derecho a ser
escuchados y a que su interés superior sea tomado en cuenta por todos los
responsables de la adopción de decisiones como consideración primordial, teniendo
también en cuenta la existencia de un contexto de violencia doméstica 66. Los Estados
deben crear métodos institucionales para evaluar si los niños han sido testigos de actos
de violencia contra la mujer y proporcionar los recursos adecuados para detectar,
prevenir y combatir la violencia contra los niños; cuando los agentes estatales no
tienen en cuenta el interés superior del niño, el Estado incurre en un incumplimiento
de sus obligaciones67. El régimen de visitas acordado a un progenitor violento debe
regularse cuidadosamente para garantizar la seguridad de las víctimas y sus hijos. Al
establecer centros de acogida y hacer cumplir las órdenes de protección, es preciso
aplicar un enfoque integrado con respecto a la seguridad del niño.
105. En ocasiones, la madre que trata de acceder a un centro de acogida tiene a su
cargo a hijos menores varones que pueden ser adolescentes. En caso de que existan
preocupaciones sobre, por ejemplo, la privacidad de los aseos debido a la presencia de
niños varones, los centros de acogida deberían proporcionar un alojamiento adecuado
para mantener unidas a esas familias, por ejemplo, viviendas independientes con baño
privado. Todos los niños que viven con su madre en los centros de acogida deberían
recibir apoyo y asistencia a fin de que puedan proseguir sus estudios con la menor
interrupción posible.
66
67
GE.17-09656
Véase Comité de los Derechos del Niño, observación general núm. 13, párr. 3 e).
Ibid., párr. 32.
21
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