A/HRC/35/30
pruebas puede dar lugar a retrasos que expongan a la víctima a un riesgo mayor. Por
regla general, deberían ordenar al maltratador abandonar la residencia de la víctima
durante un período de tiempo suficiente y prohibirle entrar en la residencia o ponerse
en contacto con la víctima.
c)
Las órdenes de protección deben ser accesibles de forma independiente o
acumulable a otros procedimientos judiciales, como los procedimientos penales o de
divorcio contra el maltratador; no deben depender del inicio de una causa penal; y
deben poder introducirse en los procedimientos judiciales subsiguientes. Puesto que
muchas formas de violencia, en particular de violencia doméstica, son líneas de
conducta que se producen durante un espacio prolongado de tiempo, no se deberían
imponer límites de tiempo estrictos al acceso a las órdenes de protección. El grado de
prueba exigible a la solicitante de una orden de protección no debería ser el mismo
que el exigible en las causas penales.
d)
En cuanto al contenido, las órdenes de protección pueden ordenar al
maltratador que abandone la vivienda familiar y que se mantenga alejado a una
distancia específica de la víctima y sus hijos (y otras personas, si procede) y de
determinados lugares, y prohibirle que se ponga en contacto con la víctima. Puesto
que las órdenes de protección no deberían suponer una carga económica o
administrativa excesiva para la víctima, también pueden ordenar al maltratador que
le proporcione asistencia financiera.
e)
Con respecto al derecho a solicitar órdenes de protección, se debería
permitir que otros actores, como funcionarios públicos, familiares y profesionales
pertinentes, puedan presentar dichas solicitudes, al tiempo que se garantice el respeto
de la intervención de la víctima.
f)
En los procedimientos penales deberían utilizarse todas las medidas de
protección de que dispongan las autoridades competentes a fin de garantizar la
seguridad de las víctimas. En particular, los Estados deberían garantizar que, en la
provisión de órdenes de protección, se integren una evaluación adecuada de los riesgos
y un enfoque que tenga en cuenta la seguridad del niño.
g)
Los Estados deberían prever sanciones penales adecuadas en caso de que
los maltratadores incumplan las órdenes de protección.
h)
Los Estados deberían velar por que se efectúe un seguimiento periódico
del cumplimiento de las órdenes de protección y por que estas tengan ejecutoriedad
automática en todas las jurisdicciones.
113. Asimismo, los Estados deberían garantizar que todos los casos de violencia de
género se juzguen de manera oportuna e imparcial, que se ejerza debidamente el
procesamiento de oficio y que el procedimiento pueda continuar aunque la víctima
retire su denuncia.
114. Además, los Estados deberían evitar la reconciliación obligatoria en los casos de
violencia contra la mujer.
B.
Recomendaciones generales a los Estados
115. Los Estados deberían considerar la posibilidad de formular indicadores
adicionales sobre la consecución de la meta 5.2 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, relativa a la eliminación de la violencia contra la mujer, en particular
indicadores acerca de los centros de acogida y las órdenes de protección.
116. Los Estados deberían recopilar datos sobre todas las formas de violencia contra
la mujer y establecer un “observatorio contra el feminicidio” u “observatorio sobre el
asesinato de mujeres por razones de género”, y recopilar y publicar datos anuales
sobre el número de feminicidios y analizar cada caso de feminicidio a fin de prevenir
futuros casos.
GE.17-09656
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