A/HRC/35/30 derechos humanos mediante el acceso a centros de acogida/refugios y a órdenes de protección. 20. Estas obligaciones están directa o indirectamente consagradas en los instrumentos internacionales y regionales jurídicos y normativos en materia de derechos humanos, y han sido enunciadas en mayor detalle por los mecanismos independientes que supervisan su aplicación. Estos mecanismos incluyen el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y otros órganos de tratados, los mecanismos regionales de derechos humanos, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer y otros titulares de mandatos de los procedimientos especiales. Como se destaca a lo largo del presente informe, a través de sus recomendaciones y su jurisprudencia, estos mecanismos han aclarado en mayor medida la obligación de los Estados en materia de derechos humanos de establecer un marco nacional integral y coordinado para combatir y prevenir la violencia de género, entre otras cosas mediante la provisión de centros de acogida y órdenes de protección, que son herramientas esenciales en este marco. 21. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer proporcionan un marco internacional integral en el que la violencia de género contra la mujer es la manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. La violencia de género se define como un acto constitutivo de discriminación contra la mujer y una violación de los derechos humanos, por lo que impone a los Estados la correspondiente obligación de prevenir, investigar, enjuiciar y castigar dichos actos y de proporcionar reparación a las víctimas. La prevención guarda estrecha relación con el requisito de que los Estados deben proporcionar protección adecuada a las víctimas, las supervivientes y las posibles víctimas de la violencia. 22. La recomendación general núm. 19 define la violencia de género contra la mujer como la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Explica, además, que dicho tipo de violencia menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos convenios de derechos humanos. Recalca la importancia de los centros de acogida o “refugios” y especifica que los Estados deberían establecer servicios de apoyo destinados a las víctimas de violencia en el hogar, violaciones, violencia sexual y otras formas de violencia contra la mujer, entre ellos refugios, el empleo de trabajadores sanitarios especialmente capacitados, rehabilitación y asesoramiento. 23. Se prevé que este instrumento fundamental, que está siendo actualizado por el Comité en cooperación con la Relatora Especial, incluya orientaciones adicionales sobre las medidas necesarias para erradicar la violencia de género. En el presente informe se reflejan importantes avances en este campo y se proporciona una orientación más detallada acerca del enfoque basado en los derechos humanos y la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos de la mujer y su seguridad mediante el establecimiento de centros de acogida/refugios y la aplicación de órdenes de protección. 24. En la recomendación general núm. 33 (2015) sobre el acceso de las mujeres a la justicia, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer reconoce las limitaciones financieras a que se enfrentan muchas mujeres víctimas de la violencia e insta a los Estados a que garanticen el acceso a los centros de crisis, la asistencia financiera, los refugios, las líneas de emergencia y los servicios médicos, psicosociales y de orientación. Asimismo, exige a los Estados que adopten medidas para garantizar que las mujeres no se vean sometidas a demoras indebidas en sus solicitudes de protección y que todos los casos de discriminación basada en el género comprendidos en el derecho penal, incluida la violencia, sean tramitados de manera oportuna e imparcial. 25. En la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993 se insta a los Estados a que garanticen que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, a que adopten todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y sicológica. 6 GE.17-09656

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