Fortalecimiento del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, en particular de su capacidad de cooperación técnica A/RES/72/196 de las Naciones Unidas a reforzar y coordinar mejor sus acciones contra el terrorismo y a prevenir y combatir el extremismo violento cuando condujera al terrorismo, en particular mediante la prestación de asistencia técnica a los Estados Miembros que la solicitasen, y acogiendo con beneplácito, a este respecto, el establecimiento de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo por medio de su resolución 71/291, de 15 de junio de 2017, relativa al refuerzo de la capacidad del sistema de las Naciones Unidas de ayudar a los Estados Miembros en la aplicación de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, Resaltando la importancia de sus resoluciones relativas a las medidas para eliminar el terrorismo internacional y a la protección de los derec hos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, aprobadas en su septuagésimo período de sesiones, Recordando su resolución 71/208, de 19 de diciembre de 2016, relativa a la acción preventiva y la lucha contra las prácticas corruptas y la transferencia del producto de la corrupción, y medidas para facilitar la recuperación de activos y la restitución de esos activos a sus legítimos propietarios, en particular a países de origen, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Recordando también su resolución 66/177, de 19 de diciembre de 2011, relativa al fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra los efectos perjudiciales de las corrientes financieras ilícitas resultantes de actividades delictivas, en la que instó a los Estados partes en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, de 1988, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción a que aplicaran plenamente las disposiciones de esas convenciones, en particular las medidas para prevenir y combatir el blanqueo de dinero, incluso penalizando el blanqueo del producto de delitos cometidos por grupos organizados transnacionales, así como medidas para mejorar los regímenes nacionales de decomiso y fomentar la cooperación internacional, incluida la recuperación de activos, y recordando además su resolución 71/213, de 21 de diciembre de 2016, en la que, entre otras cosas, resaltó su profunda preocupación por los efectos de esas amenazas en la estabilidad económica, social y política, Expresando preocupación por el hecho de que los recursos económicos como el petróleo, los productos derivados del petróleo, las refinerías modulares y el material conexo, otros recursos naturales y otros activos queden a disposición de grupos delictivos organizados y grupos terroristas, Tomando en consideración todas las resoluciones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y las resoluciones pertinentes del Consejo Económico y Social, en particular las relacionadas con el fortalecimiento de la cooperación internacional, así como la asistencia técnica y los servicios de asesoramiento del programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en las esferas de la prevención del delito y la justicia penal, la promoción y la consolidación del estado de derecho y la reforma de las instituciones de justicia penal, en particular en lo que respecta a la realización de actividades de asistencia técnica, Observando que el Secretario General estableció el equipo de tareas del sistema de las Naciones Unidas sobre la delincuencia organizada transnacional y el tráfico de drogas con el fin de aplicar en el sistema de las Naciones Unidas un enfoque eficaz e integral de esos delitos, y reafirmando el papel decisivo de los Estados Miembros a este respecto, al que se hace referencia en la Carta de las Naciones Unidas, 17-23196 5/20