A/79/179 y las demás, en particular en lo que respecta a la inseguridad alimentaria, la salud, el acceso a la energía y a las tecnologías de la información y las comunicaciones, la pobreza y el empleo. Esas diferencias son mayores en el caso de las mujeres con discapacidad, las personas indígenas con discapacidad, las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y las personas con discapacidad que viven en zonas rurales. Solo en algunas esferas se registraron avances, por ejemplo, en lo que respecta a las leyes y políticas que protegen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, que en la actualidad existen en el 87 % de los países. 19. A fin de ilustrar las lagunas existentes, las personas con discapacidad siguen teniendo más probabilidades de vivir en la pobreza, y los avances en la cobertura de las prestaciones de discapacidad han sido lentos. La inseguridad alimentaria afecta al 55 % de las personas con discapacidad en los países en desarrollo, y los niños con discapacidad son más propensos a presentar signos de malnutrición. En comparación con las demás, las personas con discapacidad tienen muchas más probabilidades de no tener acceso a la atención de la salud cuando la necesitan, y uno de los motivos es la inaccesibilidad de los establecimientos de salud. En muchos países, las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de acceder al agua potable y a las instalaciones de saneamiento e higiene necesarias. 20. Solo el 27 % de las personas con discapacidad tienen empleo, y los jóvenes con discapacidad tienen el doble de probabilidades que el resto de no trabajar, estudiar o recibir formación. La inclusión digital y la accesibilidad siguen siendo un reto importante. En muchos países, las personas con discapacidad continúan privadas de capacidad jurídica y se enfrentan a barreras persistentes para acceder a la justicia. Todos estos ejemplos están relacionados con derechos clave consagrados en la Convención y son fundamentales para que las personas con discapacidad puedan vivir con dignidad, tener control sobre su vida cotidiana y formar parte de su comunidad. Es evidente que el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para las personas con discapacidad dista mucho de ir por buen camino, y la persistencia de las desigualdades y la discriminación siguen socavando los derechos humanos de las personas con discapacidad. III. Participación de las personas con discapacidad en los mecanismos de examen y seguimiento de la Agenda 2030 21. Como parte de la Agenda 2030, los Estados se comprometieron a establecer un marco de seguimiento y examen sólido, voluntario, eficaz, participativo, transparente e integrado a nivel nacional, regional y mundial. Los procesos de examen y seguimiento tienen por objeto seguir los avances en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas conexas y señalar soluciones y mejores prácticas sobre la base de pruebas y datos desglosados por diversas características, entre ellas la discapacidad. En consonancia con el compromiso adquirido de hacer que estos procesos sean abiertos, inclusivos, participativos y transparentes para todas las personas, debe incluirse a las personas con discapacidad en los mecanismos de examen y seguimiento a nivel nacional, regional y mundial. 22. En efecto, para no dejar a nadie atrás, la participación y la inclusión de las personas con discapacidad son fundamentales a fin de asegurarse de que sus experiencias y desafíos se reflejen y se integren al evaluar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como en las iniciativas conexas para apoyar y acelerar su logro. Y, como se ha señalado anteriormente, la participación de las personas con discapacidad no es solo una consideración acertada en la elaboración de políticas y programas, sino que es también un imperativo de derechos humanos. 24-13229 7/23