A/RES/70/174 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal la delincuencia urbana, y la violencia, y apoyar a otros Estados Miembros en esa labor, especialmente por medio del intercambio de experiencias e información pertinente sobre las políticas y los programas que hayan logrado reducir el delito y la violencia mediante políticas sociales; b) Elaborar programas de creación de conciencia para transmitir valores fundamentales basados en el estado de derecho y respaldados por programas educativos, que deberán ir acompañados de políticas económicas y sociales que promuevan la igualdad, la solidaridad y la justicia, y captar la atención de los jóvenes a fin de contar con ellos como promotores de cambios positivos; c) Promover una cultura de la legalidad basada en la protección de los derechos humanos y el estado de derecho y en el respeto de la identidad cultural, con especial hincapié en los niños y los jóvenes, solicitando el apoyo de la sociedad civil y reforzando nuestras iniciativas y medidas de prevención orientadas a las familias, las escuelas, las instituciones religiosas y culturales, las organizaciones comunitarias y el sector privado, y aprovechar todo su potencial a fin de combatir los problemas sociales y económicos que son las causas profundas de la delincuencia; d) Promover la gestión y solución de los conflictos sociales por medio del diálogo y de mecanismos de participación comunitaria, como la concienciación pública, la prevención de la victimización, el aumento de la cooperación entre las autoridades públicas competentes y la sociedad civil y la promoción de la justicia restaurativa; e) Aumentar la confianza pública en la justicia penal mediante la prevención de la corrupción y la promoción del respeto de los derechos humanos, así como reforzando la competencia profesional y la supervisión en todos los sectores del sistema de justicia penal, garantizando así que este sea accesible y tenga en cuenta las necesidades y los derechos de todas las personas; f) Estudiar la posibilidad de utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones nuevas y tradicionales para elaborar políticas y programas destinados a reforzar la prevención del delito y la justicia penal, entre otros fines para detectar problemas de seguridad pública y fomentar la participación pública; g) Promover la mejora de los sistemas de gobierno electrónico en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal, con miras a aumentar la participación pública, y promover el uso de las nuevas tecnologías para facilitar la cooperación y las alianzas entre la policía y las comunidades a las que presta sus servicios, así como intercambiar buenas prácticas e información sobre la policía de proximidad; h) Fortalecer las alianzas público-privadas para prevenir y combatir la delincuencia en todas sus formas y manifestaciones; i) Garantizar que el contenido de las leyes sea accesible a los ciudadanos y promover, según corresponda, la transparencia de los procesos penales; j) Instaurar prácticas y medidas, o aprovechar las existentes, para alentar a la población, especialmente las víctimas, a que denuncie incidentes delictivos y de corrupción y les dé seguimiento, y elaborar y aplicar medidas para proteger a denunciantes de irregularidades y testigos; k) Estudiar la posibilidad de crear asociaciones y apoyar iniciativas comunitarias y fomentar la participación activa de los ciudadanos en la labor destinada a garantizar el acceso a la justicia para todos, por ejemplo informándolos sobre sus derechos, así como en la prevención del delito y el tratamiento del 16/17