A/RES/70/174 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal acogemos con beneplácito el proceso intergubernamental inclusivo y transparente de la agenda para el desarrollo después de 2015, cuya finalidad es formular objetivos mundiales de desarrollo sostenible que habrán de ser aprobados por la Asamblea General, y reconocemos que las propuestas del Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Asamblea serán la base principal para incorporar los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda para el desarrollo después de 2015, reconociendo que se considerarán también otras aportaciones. En ese contexto, reiteramos la importancia para el desarrollo sostenible de promover sociedades pacíficas, sin corrupción e inclusivas, haciendo hincapié en un enfoque centrado en las personas que proporcione acceso a la justicia para todos y cree instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 5. Reafirmamos nuestro compromiso y firme voluntad política de apoyar unos sistemas de justicia penal eficaces, imparciales, humanos y responsables y las instituciones que los integran, y alentamos la participación efectiva y la inclusión de todos los sectores de la sociedad, lo cual permitirá crear las condiciones necesarias para promover el programa más amplio de las Naciones Unidas, respetando plenamente al mismo tiempo los principios de la soberanía y la integridad territorial de los Estados, y reconociendo la responsabilidad de los Estados Miembros de defender la dignidad humana y todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, en particular las afectadas por la delincuencia y las que están en contacto con el sistema de justicia penal, incluidos los miembros vulnerables de la sociedad, independientemente de su condición, que podrían ser objeto de formas múltiples y agravadas de discriminación, y prevenir y combatir la delincuencia motivada por la intolerancia o la discriminación de toda índole. A tal efecto, procuramos: a) Aprobar políticas y programas nacionales amplios e inclusivos en materia de prevención del delito y justicia penal que tengan plenamente en cuenta las pruebas y otros factores pertinentes, incluidas las causas profundas de la delincuencia, así como las condiciones que la propician, y, de conformidad con las obligaciones que nos incumben en virtud del derecho internacional y tomando en consideración las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, garantizar la formación apropiada de los funcionarios responsables de salvaguardar el estado de derecho y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales; b) Garantizar el derecho de todas las personas a un juicio justo sin dilaciones indebidas ante un tribunal competente, independiente e imparcial establecido conforme a la ley, a la igualdad de acceso a la justicia con las debidas garantías procesales y, de ser necesario, a recibir la asistencia de un abogado y un intérprete, y garantizar los derechos pertinentes en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares 9; actuar con la debida diligencia para prevenir y combatir los actos de violencia; y adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales eficaces para prevenir, perseguir y sancionar todas las formas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y eliminar la impunidad; c) Someter a examen y reformar las políticas de asistencia jurídica para ampliar el acceso a una asistencia jurídica eficaz en las actuaciones penales a quienes carecen de medios suficientes o cuando el interés de la justicia así lo exija, incluso, de ser necesario, mediante la elaboración de planes nacionales en ese _______________ 9 6/17 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 596, núm. 8638.