A/HRC/RES/45/9 Acogiendo con beneplácito los compromisos contraídos por todos los Estados en el Documento Final de la Cumbre Mundial 20051 de dar prioridad a la lucha contra la corrupción a todos los niveles, Observando la labor en curso de varias iniciativas importantes para reforzar las prácticas de buena gestión pública a nivel nacional, regional e internacional, Reconociendo la importancia de un entorno propicio, a nivel nacional e internacional, para el pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de la relación de reforzamiento mutuo entre la buena gestión pública y los derechos humanos, Reconociendo también que un Gobierno transparente, responsable, que dé cuenta de sus actos, abierto y participativo, que responda a las necesidades y aspiraciones de la población, es la base de la buena gestión pública, y que dicha base es una de las condiciones indispensables para la plena efectividad de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, Reconociendo además la importancia crucial de la participación activa de la sociedad civil, en los planos nacional, regional e internacional, en los procesos de la gestión pública y en el fomento de la buena gestión pública, entre otras cosas mediante la transparencia y la rendición de cuentas, a todos los niveles, que es indispensable para la construcción de sociedades pacíficas, prósperas y democráticas, Destacando que la buena gestión pública a nivel nacional e internacional es esencial para el crecimiento económico sostenido, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y el hambre, y reafirmando en este contexto la Declaración del Milenio, el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, las conclusiones de la Cumbre de Alto Nivel de 2010 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Reconociendo la concienciación cada vez mayor de la comunidad internacional respecto de los efectos nocivos que tiene la corrupción generalizada en los derechos humanos, tanto por el debilitamiento de las instituciones y la erosión de la confianza de la población en el Gobierno como por la limitación de la capacidad de los Gobiernos para cumplir todas sus obligaciones en materia de derechos humanos, Reconociendo también que la buena gestión pública y la lucha contra la corrupción desempeñan un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos humanos y en la eliminación de los obstáculos al desarrollo, Comprendiendo que la lucha contra la corrupción a todos los niveles desempeña un papel importante en la promoción y protección de los derechos humanos y en el proceso de creación de instituciones sostenibles, efectivas, que den cuentas de sus actos y transparentes a fin de lograr el pleno disfrute de los derechos humanos, Reconociendo que las medidas efectivas de lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos, entre otras cosas mediante la intensificación de la transparencia y la rendición de cuentas en el Gobierno, se refuerzan mutuamente, Observando con interés los resultados de los períodos de sesiones tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrados en Doha en 2009, en Marrakech (Marruecos) en 2011, en la Ciudad de Panamá en 2013, en San Petersburgo (Federación de Rusia) en 2015, en Viena en 2017 y en Abu Dhabi en 2019, Destacando la importancia de elaborar y aplicar legislación nacional sobre la promoción del acceso a la información, de habilitar la participación activa, libre y efectiva y de reforzar la administración de justicia, la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gestión pública a todos los niveles, Reafirmando el derecho de todo ciudadano a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a la función pública de su país, como se consagra en el artículo 21 de la 1 2 Resolución 60/1 de la Asamblea General. GE.20-13211