A/HRC/RES/45/9 Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 25 c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Reconociendo que una función pública profesional, responsable y transparente que tenga el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad es uno de los componentes esenciales de la buena gestión pública, Reconociendo también que el conocimiento, la formación y la concienciación de los funcionarios públicos, la educación en derechos humanos y la promoción de una cultura de los derechos humanos en la administración pública, desempeñan un papel esencial en la promoción del respeto y la efectividad de los derechos humanos en la sociedad, Reconociendo además que es más factible lograr avances significativos hacia la buena gestión pública si se dispone de las herramientas o los mecanismos apropiados para examinar, medir y evaluar dichos avances, Acogiendo con beneplácito la contribución del programa de Premios de Administración Pública de las Naciones Unidas, que reconoce la excelencia en la administración pública, a la promoción del papel, la profesionalidad y la visibilidad de la administración pública, y observando que se ha revisado para ajustarlo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Acogiendo con beneplácito también la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General en su resolución 70/1, de 25 de septiembre de 2015, incluido su reconocimiento de la necesidad de construir sociedades pacíficas, justas e incluyentes que proporcionen igualdad de acceso a la justicia y estén basadas en el respeto de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, en un estado de derecho efectivo y una buena gestión pública a todos los niveles, y en instituciones transparentes y efectivas que rindan cuentas, Destacando que un Gobierno transparente, responsable y participativo, que atienda las necesidades y aspiraciones de la población, incluidas las mujeres y los miembros de los grupos vulnerables y marginados, es la base sobre la que se asienta la buena gestión pública y la democracia, y que esa base es una condición sine qua non para la protección de los derechos humanos, especialmente en momentos en que la humanidad se enfrenta en una escala sin precedentes a crisis como la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), Observando que, utilizada de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, la tecnología de la información y las comunicaciones puede ser un instrumento eficaz para fomentar una mayor participación y contribuir a promover los principios de derechos humanos y la buena gestión pública, teniendo presentes al mismo tiempo los efectos, las oportunidades y los retos de los rápidos cambios tecnológicos en lo que respecta a la promoción, la protección y el disfrute de los derechos humanos, Observando con preocupación que la pandemia de COVID-19 ha tenido un efecto perjudicial en el acceso público a información fiable, y destacando que el suministro de información transparente, exacta y puntual puede contribuir a contener la pandemia y sus repercusiones, respetando al mismo tiempo el derecho de toda persona a no ser molestada a causa de sus opiniones y a la libertad de expresión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información, incluida información exacta relativa a la salud y la seguridad públicas e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, a través de cualquier medio de comunicación, tanto en Internet como por medios no electrónicos, y reconociendo la iniciativa “Verified” (Verificado) de las Naciones Unidas que nos alienta a todos a comprobar los consejos que compartimos, Observando que los Estados se han visto enfrentados a la necesidad de prestar servicios públicos y de responder a las necesidades de las personas en las circunstancias excepcionales de una pandemia mundial, Recordando que el Plan Mundial de Respuesta Humanitaria a la COVID-19 tiene por objeto garantizar una respuesta mundial en la lucha contra el virus para apoyar a los más vulnerables, especialmente las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad, y las poblaciones afectadas por conflictos que viven en condiciones GE.20-13211 3