A/HRC/RES/56/3 estado de derecho, así como para asegurar la imparcialidad de los juicios y una administración de justicia exenta de cualquier discriminación, Recordando que los fiscales, de conformidad con la ley, deben cumplir sus funciones de manera imparcial, consecuente y pronta, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a la observancia de las debidas garantías procesales y al buen funcionamiento del sistema de justicia penal, y que deben evitar y combatir todas las formas de prejuicios, discriminación y estigmatización por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, situación económica, nacimiento o cualquier otra condición, Poniendo de relieve que la independencia e imparcialidad del poder judicial y la independencia de los abogados y los profesionales del derecho son elementos necesarios para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que los Estados Miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a, entre otras cosas, brindar acceso a la justicia para todos y crear, a todos los niveles, instituciones eficaces y transparentes que rindieran cuentas, Condenando los atentados cada vez más frecuentes contra la independencia de jueces, abogados, fiscales y funcionarios judiciales, en particular las amenazas, la intimidación y la injerencia en el desempeño de sus funciones profesionales, Recordando que cada Estado debe establecer un marco de recursos eficaces para reparar las infracciones o violaciones de los derechos humanos, y que la administración de justicia, incluidos los organismos encargados de hacer cumplir la ley y del enjuiciamiento y, en particular, un poder judicial y profesionales del derecho independientes, en consonancia con las normas aplicables contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos pertinentes, es esencial para la plena efectividad de los derechos humanos sin discriminación alguna e indispensable para el proceso democrático y el desarrollo sostenible, Recordando también que es fundamental velar por que los jueces, fiscales, abogados y funcionarios judiciales posean las cualificaciones profesionales necesarias para ejercer sus funciones, para lo que deben mejorarse los métodos de contratación, así como la formación jurídica y profesional, y proporcionarse todos los medios necesarios para que puedan desempeñar correctamente su función de garantes del estado de derecho, Observando la importancia de que se imparta una formación específica e interdisciplinaria en derechos humanos a todos los jueces, abogados, fiscales y demás profesionales que se ocupan de la administración de justicia, como medida para evitar la discriminación en la administración de justicia, Destacando la importancia de garantizar la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad en el sistema judicial, por ser un elemento esencial de la independencia judicial y un concepto inherente al estado de derecho cuando se aplica de conformidad con los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura y otras normas, principios y criterios pertinentes, Poniendo de relieve que los jueces, fiscales y abogados cumplen un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos, entre ellos el derecho absoluto e irrevocable a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Reconociendo que un sistema judicial y procesal independiente e imparcial que integre y fomente la igualdad de género es un factor importante para la efectividad de todos los derechos humanos, para la democracia, el estado de derecho y la inclusión de todas las opiniones en los asuntos de interés público, así como para la erradicación de la violencia sexual y de género y los estereotipos de género, y para la aplicación de legislación que responda a las cuestiones de género y el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, Poniendo de relieve la importancia de establecer un marco jurídico que proteja a los jueces, fiscales y abogados contra los ataques, las amenazas, el acoso y la intimidación por el mero hecho de desempeñar su labor profesional, y de que los órganos judiciales, las fiscalías y otras instituciones y organizaciones jurídicas deben instituir procedimientos seguros y eficaces, en conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, que 2 GE.24-12693