A/HRC/RES/44/9
estado de derecho, así como para asegurar la imparcialidad de los juicios y una
administración de justicia exenta de cualquier discriminación,
Recordando que los fiscales, de conformidad con la ley, deben cumplir sus
funciones de manera imparcial, consecuente y pronta, respetar y proteger la dignidad
humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a la observancia de
las debidas garantías procesales y al buen funcionamiento del sistema de justicia penal, y
que deben evitar y combatir todas las formas de prejuicios, discriminación y
estigmatización por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, situación económica, nacimiento o cualquier otra
condición,
Poniendo de relieve que la independencia e imparcialidad del poder judicial y la
independencia de los abogados y los profesionales del derecho son elementos necesarios
para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, en la que los Estados Miembros se comprometieron a, entre otras cosas, brindar
acceso a la justicia para todos y crear, a todos los niveles, instituciones eficaces y
transparentes que rindieran cuentas,
Condenando los atentados cada vez más frecuentes contra la independencia de
jueces, abogados, fiscales y funcionarios judiciales, en particular las amenazas, la
intimidación y la injerencia en el desempeño de sus funciones profesionales,
Recordando que cada Estado debe establecer un marco de recursos eficaces para
reparar las infracciones o violaciones de los derechos humanos, y que la administración de
justicia, incluidos los organismos encargados de hacer cumplir la ley y del enjuiciamiento
y, en particular, un poder judicial y profesionales del derecho independientes, en
consonancia con las normas aplicables contenidas en los instrumentos internacionales de
derechos humanos pertinentes, es esencial para la plena efectividad de los derechos
humanos sin discriminación alguna e indispensable para el proceso democrático y el
desarrollo sostenible,
Recordando también que es fundamental velar por que los jueces, fiscales, abogados
y funcionarios judiciales posean las cualificaciones profesionales necesarias para ejercer
sus funciones, para lo que deben mejorarse los métodos de contratación, así como la
formación jurídica y profesional, y proporcionarse todos los medios necesarios para que
puedan desempeñar correctamente su función de garantes del estado de derecho,
Observando la importancia de que se imparta una formación específica e
interdisciplinaria en derechos humanos a todos los jueces, abogados, fiscales y demás
profesionales que se ocupan de la administración de justicia, como medida para evitar la
discriminación en la administración de justicia,
Destacando la importancia de garantizar la rendición de cuentas, la transparencia y
la integridad en el sistema judicial, por ser un elemento esencial de la independencia
judicial y un concepto inherente al estado de derecho cuando se aplica de conformidad con
los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura y otras normas,
principios y criterios pertinentes,
Poniendo de relieve que los jueces, fiscales y abogados cumplen un papel
fundamental en la defensa de los derechos humanos, entre ellos el derecho absoluto e
irrevocable a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes,
Poniendo de relieve también que un sistema judicial independiente e imparcial, unos
servicios de fiscalía objetivos y neutrales y una abogacía independiente que promuevan una
representación equilibrada de hombres y mujeres y el establecimiento de procedimientos
que tengan en cuenta las cuestiones de género son esenciales para la protección efectiva de
los derechos de la mujer, en particular para su protección frente a la violencia y la doble
victimización en los sistemas judiciales, para que la administración de justicia esté exenta
de discriminación y estereotipos basados en el género, y para el reconocimiento de que
tanto los hombres como las mujeres salen beneficiados cuando estas últimas son tratadas de
forma equitativa en el sistema judicial,
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GE.20-09800