A/HRC/RES/47/19
humanos, profesionales de la salud, abogados, profesionales de la cultura, profesores,
estudiantes, personas pertenecientes a minorías nacionales, personas que expresan opiniones
discrepantes, miembros de sindicatos y comités de huelga y otros miembros de la sociedad
civil, así como por el número de presuntos casos de desapariciones forzadas y expulsiones
forzosas;
3.
Expresa su profunda y continua preocupación por los informes en los que se
denuncia el uso sistemático y generalizado de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes y la violencia sexual y de género contra las personas detenidas y privadas de
libertad en Belarús, incluidos niños, así como por la información sobre las precarias
condiciones sanitarias de los centros de detención y las prisiones y la denegación, o la demora
en la concesión, del acceso de las personas detenidas a representación letrada de su libre
elección;
4.
Condena enérgicamente el desvío y aterrizaje forzados de un avión civil en
Minsk el 23 de mayo de 2021, que pusieron en peligro la seguridad aérea, así como el arresto
y detención arbitrarios por las autoridades bielorrusas de un periodista independiente, Raman
Pratasevich, y su pareja, que viajaban a bordo de dicho avión, y la obtención de confesiones
por la fuerza, pide que ambos sean puestos en libertad de manera inmediata e incondicional
y que se retiren las acusaciones formuladas contra ellos, y expresa su apoyo a la investigación
independiente de la Organización de Aviación Civil Internacional sobre ese incidente aéreo;
5.
Observa con profunda preocupación el marco jurídico cada vez más restrictivo
que podría limitar aún más las libertades de opinión y de expresión y de reunión pacífica, en
contravención del derecho internacional de los derechos humanos, y cuyo objetivo son
específicamente los medios de comunicación, los periodistas y los blogueros independientes,
en particular las modificaciones introducidas en la Ley de Actos Multitudinarios, la Ley de
Medios de Comunicación y la Ley de Lucha contra el Extremismo, aprobadas en mayo
de 2021, y la legislación que exime de responsabilidad a los agentes del orden respecto de
los daños causados con armas de fuego a manifestantes pacíficos, e insta a las autoridades
bielorrusas a que garanticen un entorno propicio para el funcionamiento de medios de
comunicación verdaderamente independientes, incluido el acceso sin trabas a una Internet
abierta, interoperable, fiable y segura;
6.
Insta encarecidamente a las autoridades bielorrusas a que respeten, amparen y
cumplan plenamente todas sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos,
en particular las contraídas en virtud de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y
de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes;
7.
Exige a este respecto la liberación inmediata e incondicional de todas las
personas detenidas de forma arbitraria o ilegal en Belarús, incluidos presos políticos,
periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, defensores de los derechos
humanos, profesionales de la salud, abogados, profesionales de la cultura, profesores,
estudiantes, personas pertenecientes a minorías nacionales, miembros de sindicatos y comités
de huelga y otros miembros de la sociedad civil, y exige también que las autoridades
bielorrusas pongan fin inmediatamente al enjuiciamiento penal o administrativo, el
hostigamiento, la intimidación y la represión de todas aquellas personas que ejerzan sus
derechos humanos y sus libertades fundamentales;
8.
Exige también que se lleven a cabo investigaciones prontas, efectivas,
exhaustivas, transparentes e imparciales con miras a garantizar la rendición de cuentas de los
responsables de todas las presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos,
especialmente de los actos que impliquen muertes, detenciones arbitrarias, tortura y malos
tratos, incluidos actos de violencia sexual y de género, y la provisión de reparación, recursos,
rehabilitación e indemnización a las víctimas;
9.
Insta encarecidamente a las autoridades bielorrusas a que adopten todas las
medidas necesarias para garantizar la plena independencia e imparcialidad del poder judicial
y la independencia de los abogados, a que garanticen a todas las personas, incluidas las
acusadas de infracciones administrativas o delitos penales, el derecho a un juicio imparcial y
el derecho a la revisión efectiva de las sentencias y condenas por un tribunal superior, y que
puedan disponer del tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa y comunicarse
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GE.21-10263