A/HRC/35/30
93.
Existen algunas líneas de atención telefónica gratuita ininterrumpida establecidas
por ONG y, en algunos casos, financiadas por el Estado, pero en general no existen líneas
de atención telefónica gratuita ininterrumpida que sean sostenibles y estén financiadas por
el Estado.
Actitudes de los profesionales encargados de hacer cumplir la ley
94.
La Relatora Especial también ha expresado grave preocupación por la persistencia
de estereotipos de género en el seno de la policía que se reflejan en diversas formas de
conducta indebida. Una y otra vez, la policía se niega a registrar la denuncia, ya sea porque
no da crédito a las alegaciones de la mujer o porque no reconoce como delito la violencia
intrafamiliar. Los agentes de policía, especialmente en las zonas rurales, siguen enviando
una “carta de advertencia” o simplemente toman una declaración escrita, carente de todo
valor jurídico, en la que el maltratador se compromete a no ejercer violencia contra su
pareja59. En numerosos casos, la policía no proporciona suficiente apoyo ni información
sobre los centros de acogida o las órdenes de protección a las víctimas de la violencia
doméstica, y se pone fin a la investigación en cuanto la víctima retira su denuncia. Esas
actitudes basadas en prejuicios con frecuencia se traducen en que la policía desestima las
denuncias de las mujeres y, en ocasiones, incluso intimida o advierte a las víctimas para que
no presenten cargos, lo que agrava el problema de la insuficiente presentación de denuncias
en los casos de violencia contra la mujer.
Falta de evaluación y gestión del riesgo
95.
De las visitas a países del mandato se desprende que uno de los principales
problemas relacionados con las medidas de protección, la protección contra la violencia de
género y el enjuiciamiento de este delito es la falta de evaluación y gestión del riesgo para
la vida de la víctima por parte de la policía y otros funcionarios pertinentes 60.
Barreras lingüísticas para las minorías étnicas
96.
La Relatora Especial también destaca que, en muchos casos, los servicios prestados
para proteger a las mujeres víctimas de la violencia no están disponibles en los idiomas de
todas las minorías étnicas, lo cual es un obstáculo para que las mujeres pertenecientes a
esas minorías presenten una denuncia en caso de violencia y, por tanto, traten de obtener
una protección adecuada.
Reconciliación/mediación obligatoria
97.
En muchos países, las mujeres víctimas de la violencia de género están obligadas
por la legislación nacional a entablar un proceso de mediación con el agresor,
especialmente en los casos de violencia familiar, divorcio o cuando existe una controversia
sobre la custodia de los hijos. El estigma y la presión sociales para mantener unidas a las
familias, así como la falta de empoderamiento económico de la mujer, influyen en gran
medida en la decisión de una mujer de reconciliarse con alguien que ha sido violento con
ella. Además, los agentes del orden tienden a minimizar los delitos por estar convencidos
de que la violencia doméstica es un asunto privado, por lo que disuaden a la víctima de
seguir adelante con la causa y promueven la conciliación61. Por lo tanto, la negociación y la
mediación pueden tener efectos peligrosos, especialmente en los casos en que aquellos que
organizan o supervisan la negociación no están familiarizados con los métodos de amenaza
y control psicológicos que los maltratadores utilizan junto con la violencia física.
59
60
61
GE.17-09656
Véanse, por ejemplo, A/HRC/32/42/Add.3 (Georgia), A/HRC/26/38/Add.3 (Azerbaiyán) y Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, comunicación núm. 24/2009, X e Y c.
Georgia, dictamen aprobado el 13 de julio de 2015.
Véase A/HRC/32/42/Add.2 (Sudáfrica); véase también Isabel Ruiz-Pérez, Juncal Plazaola-Castaño y
Carmen Vives-Cases, “Methological issues in the study of violence against women”, Journal of
Epidemiology and Community Health, vol. 61 (diciembre de 2007), disponible en
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2465770/.
Véase A/HRC/17/26/Add.2, párr. 59 (El Salvador).
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