A/HRC/RES/54/35 Observando que, también según el Comité de Derechos Humanos, los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que han abolido la pena de muerte no pueden reinstaurarla, y observando también que la reinstauración de la pena de muerte por un Estado parte en el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos constituye una violación del derecho internacional, Recordando que nunca está permitida la suspensión del derecho a la vida, ni siquiera durante un estado de emergencia, Reconociendo el interés de estudiar la cuestión de la pena de muerte y de celebrar debates locales, nacionales, regionales e internacionales al respecto, Poniendo de relieve la importancia, en aras de la eficacia y la transparencia de los debates sobre la pena de muerte, de garantizar que la población tenga acceso a información equilibrada, en particular información y estadísticas fidedignas sobre la delincuencia y los diversos medios para combatirla eficazmente sin recurrir a la pena capital, Deplorando profundamente que el uso de la pena de muerte conduzca a violaciones de los derechos humanos de los condenados a esa pena y de otras personas afectadas, Recordando que, sobre todo en los casos de pena de muerte, los Estados deben velar por que todas las personas gocen de un juicio imparcial y de las debidas garantías procesales proporcionándoles asistencia letrada adecuada desde las primeras fases de su detención y durante todas las etapas del procedimiento, sin discriminación de ningún tipo, así como de acceso efectivo a los documentos y otras pruebas que sean esenciales para su defensa, y que el incumplimiento de las garantías de un juicio imparcial en los procedimientos cuyo resultado sea la imposición de la pena de muerte podría constituir una violación del derecho a la vida, Poniendo de relieve que es importante que los Estados velen por que se establezcan y apliquen efectivamente las debidas garantías y salvaguardias procesales y de un juicio imparcial, incluidos el derecho a que el fallo condenatorio y la pena impuesta sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley, y el derecho a solicitar el indulto y la conmutación de la pena, Recordando que el derecho a que el fallo condenatorio y la pena impuesta sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley, incluye el deber de los Estados de examinar el fallo condenatorio y la pena en cuanto al fondo, y destacando que la vulneración de este derecho en los procedimientos cuyo resultado sea la imposición de la pena de muerte hace que dicha pena sea arbitraria y contraria al derecho a la vida, Recalcando que la denegación de asistencia letrada a una persona indigente por el tribunal que revisa una condena a muerte impide de hecho la revisión efectiva del fallo condenatorio y de la pena por el tribunal superior, y que dicha denegación de asistencia letrada constituye una violación del artículo 14, párrafos 3 d) y 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Reafirmando que los Estados deben permitir que las personas condenadas a muerte soliciten el indulto o la conmutación de la pena y velar por que se les conceda la amnistía, el indulto y la conmutación de la pena en las circunstancias apropiadas, por que dichas solicitudes de indulto o conmutación sean examinadas a fondo y por que no se ejecuten las penas de muerte mientras estén pendientes algún procedimiento de apelación u otros procedimientos de recurso o relacionados con el indulto o la conmutación de la pena, Reafirmando también que, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, ninguna categoría de persona condenada puede ser excluida, en la ley o en la práctica, del indulto o la conmutación de la pena de muerte, y que las condiciones para obtener esas medidas de amparo no deben ser innecesariamente onerosas o de carácter discriminatorio, ni aplicarse de manera arbitraria o no transparente, y expresando preocupación por el hecho de que, si bien muchos países prevén en su legislación interna el derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de muerte, con frecuencia se excluyen de ese derecho determinados delitos o se limita el número de indultos o conmutaciones que pueden concederse, GE.23-20065 3