A/HRC/RES/58/18 mensajes de odio, incitación a la violencia y discriminación contra la Iglesia católica, la prohibición de facto de las procesiones católicas y la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de al menos 392 organizaciones religiosas desde 2018, Condenando también todos los actos de intimidación, hostigamiento y represalias, tanto en Internet como en medios no electrónicos, cometidos por agentes estatales y no estatales contra personas y grupos que tratan de cooperar o han cooperado con las Naciones Unidas, sus representantes y sus mecanismos en la esfera de los derechos humanos, o con la Organización de los Estados Americanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Sumamente alarmado por la persistencia de informaciones sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, los afrodescendientes y otros grupos en situación vulnerable en Nicaragua, muchos de los cuales siguen afrontando cada vez más represión, persecución, discriminación, amenazas y acoso, incluidas violaciones y abusos de sus derechos, por el hecho de que Nicaragua siga sin otorgar títulos ni proteger los territorios indígenas demarcados y titulados frente a la invasión de colonos y la explotación minera, por el estancamiento de las investigaciones relativas a homicidios y actos de violencia sexual y de género y por los ataques relacionados con disputas territoriales en el territorio Mayangna Sauni As, Expresando profunda preocupación por que el Consejo Supremo Electoral revocara arbitrariamente la personalidad jurídica del principal partido político indígena y afrodescendiente, Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (YATAMA), el 3 de octubre de 2023, antes de las elecciones regionales previstas para el 3 de marzo de 2024, y condenando la detención arbitraria y la desaparición forzada de diputados de la Asamblea Nacional pertenecientes a este partido, lo que silencia a la oposición política e impide la libre participación en los asuntos públicos, Expresando profunda preocupación también por la persecución, criminalización y represión continuas de los miembros y líderes del movimiento campesino, en particular mediante detenciones arbitrarias, tortura, juicios injustos, desplazamientos forzados y posibles ejecuciones extrajudiciales, así como mediante continuos actos de hostigamiento, vigilancia y amenazas contra los campesinos y sus familias, que han logrado socavar sus intentos de organizarse y han obligado a muchos de ellos a exiliarse o esconderse, Expresando gran preocupación por las continuas vulneraciones de la libertad de opinión y de expresión y de la libertad de investigar, recibir y difundir informaciones, en particular contra los miembros de la prensa, entre otras cosas mediante el allanamiento y el cierre del principal periódico impreso del país, y por las detenciones arbitrarias, las amenazas, la violencia, el hostigamiento y el exilio forzoso de que han sido objeto los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación que daban información crítica con el Gobierno, y por las restricciones adicionales impuestas a la libertad de expresión y de prensa como resultado de las enmiendas constitucionales, Condenando el alarmante aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas en Nicaragua y el hecho de que las autoridades sigan sin combatir la violencia sexual y de género, entre otras cosas por recurrir a la mediación obligatoria en lugar de al enjuiciamiento, por la falta de independencia del poder judicial y del Ministerio Público, por el sesgo judicial de género que afecta desproporcionadamente a las mujeres y por no exigir responsabilidades a los autores, 1. Expresa gran preocupación por el continuo deterioro de la democracia, el desmantelamiento del estado de derecho y la separación de poderes y la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua, en particular con respecto al goce de los derechos civiles y políticos, incluido el derecho a una nacionalidad, por las continuas denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos, por la falta de rendición de cuentas y de investigaciones independientes, transparentes e imparciales desde abril de 2018, entre otras cosas por lo que respecta al asesinato de al menos 300 personas, por la persistente prohibición de las manifestaciones públicas y el uso desproporcionado y letal de la fuerza y los actos de intimidación y hostigamiento por parte de la policía para reprimir protestas pacíficas, y por los actos de violencia cometidos por grupos armados, en particular contra los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes en las regiones de la Costa Caribe, así como GE.25-06133 5