A/HRC/RES/58/19 f) Lleven a cabo una revisión exhaustiva de la legislación nacional para garantizar que sea coherente con las obligaciones internacionales de Belarús en materia de derechos humanos y que no permita limitaciones o derogaciones arbitrarias, en contravención del derecho internacional de los derechos humanos; g) Pongan fin al uso indebido de las políticas de “lucha contra el terrorismo” y “lucha contra el extremismo”, entre otras cosas suprimiendo de inmediato las listas de contenidos extremistas y de personas y organizaciones presuntamente dedicadas a actividades extremistas, y garanticen que todos los aspectos de la práctica de seguridad nacional del Estado, incluso cuando tengan por objeto prevenir y combatir el terrorismo y el extremismo violento, cumplan el derecho internacional de los derechos humanos y no sirvan de base para enjuiciar a representantes de la sociedad civil y a personas por participar en actos de expresión de carácter no violento y defender opiniones disidentes; h) Adopten legislación y políticas integrales contra la discriminación que garanticen el derecho de todos a la igualdad de la ley y ante la ley, incluido el acceso igualitario a una educación de calidad inclusiva, equitativa y no discriminatoria, teniendo como consideración primordial el interés superior del niño; i) Revoquen las decisiones sobre la disolución forzosa de entidades de la sociedad civil, entable un diálogo nacional genuino, constructivo, inclusivo y transparente con la sociedad civil y cree y mantenga un entorno seguro y propicio, tanto en línea como en medios no electrónicos, en el que la sociedad civil pueda trabajar sin verse sometida a vigilancia arbitraria ni obstáculos y libre de inseguridad; j) Garanticen un entorno propicio para el funcionamiento de medios de comunicación auténticamente independientes, tanto en línea como en medios no electrónicos, incluido el acceso sin trabas a una Internet abierta, interoperable, fiable y segura; k) Lleven a cabo una reforma amplia del marco jurídico electoral, alineándolo con las normas internacionales, incluido el seguimiento de las recomendaciones formuladas por la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) y la Relatoría Especial, e inicie con tal fin un diálogo nacional genuino e inclusivo con todos los elementos de la sociedad civil; l) Detengan e impidan las violaciones y abusos de los derechos económicos, sociales y culturales, entre otras cosas poniendo fin a la discriminación y al despido arbitrario del empleo y la educación y respetando las libertades académicas y el libre funcionamiento de los sindicatos y de las organizaciones culturales y representativas de las personas en situación de vulnerabilidad en este contexto, así como poniendo fin a la discriminación contra las personas que hablan bielorruso; m) Retiren e impidan que se adopten medidas que menoscaben el disfrute de cualquier derecho humano, incluidos los de los bielorrusos que viven en el extranjero, como el Decreto Presidencial aprobado en septiembre de 2023 por el que se ordena a los consulados de Belarús que a esas personas no se les renueven ni prorroguen los pasaportes y se les limiten otros servicios consulares esenciales para que puedan ejercer plenamente sus derechos, y pongan fin a los procedimientos penales, incluidos los juicios en rebeldía y la incautación arbitraria de bienes de quienes viven en el extranjero, así como las medidas represivas contra sus familiares en Belarús; 5. Insta a las autoridades bielorrusas a que vuelvan a iniciar un diálogo nacional sobre la abolición de la pena de muerte y, como primer paso, a que establezcan una moratoria sobre su uso; 6. Exhorta a Belarús a que considere la posibilidad de volver a adherirse al procedimiento de denuncia individual previsto en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y a que vuelva a adherirse a la Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales; GE.25-05463 5